Es bien conocido en el sector el tema del Registro de Franquiciadores y la actual obligatoriedad de inscripción en él de los empresarios que pretenden franquiciar.

El registro de franquiciadores ha sido objeto de duras críticas por casi todos, muchas de ellas con fundamento.

En este artículo daremos unas breves reflexiones sobre el alcance de la reforma lanzada por el Gobierno para el Comercio Minorista y el Registro de Franquiciadores.

Aunque los primeros titulares de prensa ya tienen años, el 2009 se despedía con la definitiva aprobación de dos normas destinadas a cambiar drásticamente el sector de los servicios en España.

Todo empezó con la famosa Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre, relativa a los servicios del mercado interior, conocida como ‘Directiva Bolkenstein’ (“frankenstein” la han llamado algunos).

Posteriormente, se ha producido la transposición al ordenamiento español mediante las tan citadas “ley paraguas” (17/2009)  y “ley ómnibus” (25/2009) finalizando el proceso con la previsible aprobación del Proyecto de ley de Reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista (que ya se encuentra en el Senado) y el correspondiente Real Decreto que de nuevo venga a desarrollar el artículo 62.